La Ley Orgánica 1/2004 en su Artículo 1 de Protección Integral contra la Violencia de Género define este tipo de agresión como “Todo acto de violencia (…) que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. (…) que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Por lo tanto, quedan totalmente excluidos aquellos actos de violencia cometidos por un hombre hacia una mujer entre los que no haya ningún tipo de relación afectiva o haya existido. 

Por otro lado, tal y como queda recogido en el portal Mujeres e igualdad de género de la Junta de Andalucía, se considera violencia de género cualquiera de los siguientes tipos: 

  • Violencia física: cualquier acto de fuerza contra la mujer que dé como resultado el riesgo de originar cualquier lesión física. 
  • Violencia psicológica: cualquier acto verbal y no verbal que menosprecie a la mujer, incluyendo amenazas, humillaciones y/o vejaciones que coarten su libertad.
  • Violencia sexual y abusos sexuales
  • Violencia económica: Cualquier acto que imposibilite a la mujer el acceso al mercado laboral y la prive de recursos para su propio bienestar físico y psicológico, generando dependencia hacia el hombre.

Desde 2015, el número de mujeres víctimas de este tipo de violencia en España no ha dejado de aumentar, llegando situarse este año en 55 mujeres. Pero, ¿dónde está la raíz de este problema y cómo se consigue erradicar? La socióloga Gloria Martínez Cousinou nos lo cuenta:

Para poder denunciar las agresiones, las mujeres pueden llamar al 016, el teléfono nacional de atención a la violencia de género. Este teléfono comenzó a funcionar en nuestro país en 2007 y es totalmente gratuito, además de que no deja huella en la factura ni en el registro de llamadas, protegiendo siempre a la víctima. Además, a este número no solo pueden llamar las víctimas directas, sino que también pueden hacerlo familiares y amigos a los que les conste que se está ejerciendo esa violencia. 

En 2018 en España sonó un total de 73.454 veces, es decir, 204 veces al día. Solo en Andalucía se registró el 16,65% del total, cifra que ha disminuyendo desde 2016. Como se puede observar en el gráfico, el número de llamadas es inferior al de denuncias. A pesar de eso, las denuncias han decaído este año respecto al anterior. En 2015, el número de llamadas aumentó de forma notable pero, ¿a qué puede deberse eso? 

Martinez Cousinou señala que el feminismo “ha podido motivar, incentivar o llevar a que determinados sectores de mujeres se empoderen”. Además, afirma que puede ser que esto haya llevado en algunos casos a que algunas mujeres decidan romper su silencio en caso de estar sufriendo malos tratos y de igual forma señala que “el feminismo es un movimiento generalizado que está haciendo que cambien ciertas conciencias, y por tanto eso va a ser bueno para que en un futuro la sociedad deje de ser menos patriarcal en ese sentido”.

Pero hay otros sectores de la sociedad que rechazan este movimiento porque tienen en mente lo que, en palabras de la socióloga, sería un “feminismo mal entendido” comprendiéndolo como “un empoderamiento de la mujer que hace que el hombre quede por debajo”, señala Martínez. 

Desglosando los datos de llamadas al 016 por CC.AA. ofrecidos por el Portal Estadístico de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, podemos observar que la comunidad donde más llamadas se han registrado desde que este servicio se puso en funcionamiento es la Comunidad de Madrid, seguida de Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Esto se debe a que el número de habitantes es superior al del resto de comunidades, como Asturias o la Comunidad Foral de Navarra. 

Violencia de género en Andalucía

En el territorio español, hay 4 comunidades autónomas que cuentan con el mayor número de mujeres víctimas mortales por violencia de género: Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid debido a que, como ha quedado recogido anteriormente, cuentan con más habitantes que el resto de comunidades. En cambio, en La Rioja se sitúa el menor número de víctimas por este tipo de agresión del país, sumando un total de 6 mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. 

Como se puede observar en el mapa, es en zonas costeras del Mediterráneo y en la capital donde se encuentra el mayor número de víctimas. Además, tal y como queda recogido en el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el mayor número de víctimas mortales se da en los meses de verano, situándose en el mes de julio en 106 mujeres asesinadas desde que se empezó a recoger datos en 2006. 

Concretamente, en Andalucía se producen el 20% de los asesinatos por este tipo de violencia. En esta comunidad autónoma, se ha ampliado el concepto de violencia de género a través de la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y a través de la cual se equipara a las víctimas de violencia sexual con las víctimas de violencia de género, independientemente de la relación que pueda llegar a tener la víctima con el agresor. Además, esta reforma de la ley en Andalucía señala en la modificación del artículo 3 que “se entiende por violencia de género aquella que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley”. 

¿Existe un perfil de violencia de género en Andalucía?

Mercedes Fernández-Martorell, antropóloga y escritora española, llevó a cabo un estudio sobre la violencia de género. Este consistió en analizar 700 juicios de maltrato a través de entrevistas con los acusados con la intención de averiguar por qué y para qué maltrataban a sus parejas con la intención de reflexionar sobre los actos que cometían y sus actitudes. 

Respecto a la posible existencia de un perfil de agresor, Fernández-Martorell señala que  “no hay ningún perfil, lo que hay es un contexto, una estructura social que en este momento se modifica y son hombres que no aceptan esa modificación, no la quiere asumir”. 

Ángel Yergo, abogado experto en violencia de género, coincide con la antropóloga en que no existe un perfil claro, pero en algunas ocasiones suelen ser personas que, por circunstancias personales, han tenido carencias y actúan bajo los efectos del alcohol, lo que no significa que cuando no están en esta situación no tengan este tipo de comportamientos.

Pero, ¿existen unos patrones de comportamiento comunes en ellos?

Para resolver está cuestión, hemos analizado los 125 casos de violencia de género que se han producido entre los años 2009 y 2019 en Andalucía. Para conocer más detalles sobre cada uno de ellos visita esta entrada.

Siguiendo el Artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género citada anteriormente, el perfil del agresor de este tipo de violencia en Andalucía es el de un hombre de 31 a 50 años que utiliza un arma blanca. Además, las zonas rurales son su principal ámbito de actuación y no cuenta con denuncias ni condenas anteriores

Profundizando en el arma empleada, el 50% de ellos utiliza un arma blanca, seguida del 21%, que usa objetos pesados o su propia fuerza para ejercer violencia física contra la mujer. 

Por otro lado, coincidiendo con los datos mostrados anteriormente sobre las zonas en las que se producen esos crímenes, uno de los patrones que se repite es el ámbito de actuación, y es que el 76% de los casos en Andalucía se dan en zonas rurales. 

En total, el 5% de los agresores que acabaron con la vida de sus víctimas eran de clase alta, mientras que el 95% restante eran de clase media/media-baja. Además, todos los victimarios pertenecientes a una clase social alta actuaban en zonas rurales,  lo que supone que de este territorio, aproximadamente el 6% de los asesinos eran de clase alta.

Diferenciando entre zona rural y zona urbana, se pueden apreciar distintos patrones de comportamiento.

El agresor en zona rural

En las zonas rurales, donde se han detectado 95 casos en los últimos 10 años,  el 17% de los agresores tenía denuncias previas por violencia de género y el 5% contaba con al menos una condena anterior. 

Además, el número de agresores jóvenes en estas zonas es menor que en zonas urbanas. Concretamente, solo el 8% tienen entre 16 y 30 años. Esto se debe a que la población que vive en pueblos está más envejecida que la de las ciudades.

Por otro lado, el 18% del total ha empleado un arma de fuego para cometer el acto, es decir, 2 de cada 10 agresores. Igualmente, cabe destacar que el 28% de los victimarios termina suicidándose tras acabar con la vida de su pareja o expareja.

Además, 1 de cada 10 no contaba con licencia de arma de fuego, concretamente de tipo B (pistolas y revólveres) y de tipo E (armas de tipo deportivo y escopetas de caza). 

Tal y como queda recogido en el Portal de Servicio al Ciudadano de la Guardia Civil, “las licencias de armas tipo B serán concedidas por el Director General de la Guardia Civil, tienen una vigencia de tres años y no admiten renovación”. Además, los solicitantes de licencia deben contar, entre otras cosas, con un certificado de aptitudes psicofísicas, no tener antecedentes penales ni contar con denuncias ni condenas por violencia de género

En el caso de M.L.R., que acabó con la vida de su mujer en 2009 en Piñar, Granada, tenía psicosis paranoide, un desorden psicótico difícil de tratar cuyos síntomas principales son los pensamientos delirantes y celos que pueden llegar a provocar agresiones físicas.  Por lo tanto, no podía contar con licencia de armas de tipo B porque uno de los requisitos, las aptitudes psicofísicas, no lo cumplía. 

El agresor en zona urbana

En las zonas urbanas andaluzas se han detectado un total de 30 casos, es decir, el 24% del total de los casos detectados entre 2009 y 2019. 

El 17% de los agresores contaba con denuncias por violencia de género previas y el 10% había cumplido alguna condena, porcentaje inferior en zonas rurales. 

Respecto a la edad de los victimarios, el 43% tiene entre 31 y 50 años, aunque el número de agresores cuya edad comprende la franja de 16 a 30 años es superior que en zonas rurales, siendo un total del 20% de los casos detectados en estas zonas. 

Por otro lado, cabe destacar que en las ciudades no se ha dado ningún caso en los últimos 10 años en el que se emplee un arma de fuego para acabar con la vida de la víctima de violencia de género, algo que no ocurre en zonas rurales. 

Respecto al porcentaje de agresores que se suicida tras cometer el acto, el 17% de ellos lo hace, cifra inferior que en pueblos.

La violencia de género, un problema social

Para Mercedes Fernández-Martorell, la violencia de género es un problema social y señala que el feminismo “es la búsqueda de una vida digna para todos”, haciendo hincapié en que “debemos buscar la hermandad, la solidaridad entre mujeres” porque “las diferencias de clases priman sobre la solidaridad de género”. 

Para Gloria Martínez Cousinou, la sociedad influye en los agresores de violencia de género, especialmente cuando se encuentra rodeado por un entorno patriarcal. 

Conclusiones

Tras realizar un análisis exhaustivo de los 125 casos de violencia de género que cuentan con víctimas mortales en Andalucía en los últimos años, podemos observar que no existe un perfil concreto del agresor de violencia de género, pero sí se dan patrones de comportamientos comunes atendiendo a variables como la edad, la zona en la que cometen el acto (rural o urbana), la clase social a la que pertenecen y el modus operandi.

Por otro lado, tal y como han señalado las especialistas nombradas anteriormente, la violencia de género es un problema social. La sociedad en la que vivimos influye de forma directa en los comportamientos de los agresores que “se socializan en un entorno patriarcal”, señala Martínez Cousinou. 

Además, tal y como ha señalado la socióloga, el origen de esta problemática de índole social es la educación. Es necesario fomentar una enseñanza basada en valores igualitarios, además de “eliminar todo vestigio del patriarcado”. Y la solución a todo esto seguiría siendo esa educación de la que hablaba la señora Martínez. 

De igual forma, cabe destacar que, por regla general, los medios de comunicación no ofrecen información sobre el victimario, en cambio de la víctima se conoce todo, incluyendo su nombre completo, imágenes, a qué se dedicaba e  incluso dónde vivía (con su dirección o la de sus padres). Esto viola el artículo 681 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito que recoge las siguientes prohibiciones:

“La divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección”

“La obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares”

Por último, el uso del lenguaje que hacen los medios de comunicación a la hora de tratar estos temas no es del todo correcto, utilizando palabras como «fallece una mujer» en lugar de «ha sido asesinada», que es lo que realmente sucede. Además, se sigue culpando a la víctima de lo ocurrido, como es el caso de la Cadena Ser que recoge frases como “Ella vivía con sus dos hijos en casa de su madre, pero acudía a hacerle la comida y aprovechando esa circunstancia el hombre le asestó tres puñaladas. Así que Eva deja a dos niños sin madre”. 

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